Personas excluidas, pero no invisibles

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están, de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos es clara, nuestro ordenamiento jurídico también, y cualquier persona que profese una religión, ya sea musulmana, judía, cristiana o budista, encontrará en sus escritos el actuar por compasión, caridad o amor hacia cualquiera de sus semejantes, sin distinción.

Desde primeros de septiembre, cerca de un millón de personas en España han dejado de ser visibles, y se les ha excluido del sistema de protección sanitario. ¿Que han hecho? no tener papeles, encontrarse en situación “irregular”. Han nacido en un país equivocado y más pobre que el nuestro, son de un color diferente, han huido de la guerra o de la persecución política y han venido a buscar trabajo… pero también se han equivocado de país de acogida. Aquí ya no acogemos.

Nosotras, nosotros, hicimos oposiciones duras, estudiamos y trabajamos con constancia para tener nuestra nacionalidad, nuestro carné de español. Hicimos méritos para nacer en un país civilizado. Nacimos aquí, somos de aquí, ELLOS y ELLAS, no. Son de fuera, son inmigrantes, y además no cotizan.

Cientos de miles han trabajado y trabajan, sin ser dados de alta por sus empleadores, todos pagan impuestos directos (IVA) cuando utilizan un transporte público, cuando toman un café, llenan el depósito o compran en el súper y además, utilizan con mucha menor frecuencia los servicios sanitarios que nosotros, LOS DE AQUÍ.
Miles de estas personas siguen tratamientos de patologías graves, que de no ser asistidas, podrían perder la vida.

El decreto también contempla la persecución del llamado turismo sanitario, que practica la ciudadanía comunitaria (y de otras continentes) beneficiándose gratuitamente de nuestra red sanitaria. Los sucesivos gobiernos han actuado con notable torpeza para recuperar el dinero en los países (ricos) de origen. Ahí es donde debería dirigir su celo, el sistema.

Manifestamos nuestro apoyo a todas las personas que por esta medida puedan verse excluidas de sus derechos básicos; nuestro rechazo frontal al decreto por insolidario, injusto e inhumano y nos adherimos a todas las campañas y actuaciones que se movilicen por su derogación, como la iniciativa lanzada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) el pasado mes de julio, que suma ya más de 1.400 profesionales objetores contra la exclusión sanitaria, y respaldada por múltiples organizaciones como: Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Red Acoge, Intermón, etc.

Pero es que además de todo esto, el Decreto también es absurdo e inútil desde el propio objetivo de ahorro en gastos. Cualquier profesional de la salud sabe que privar de atención médica primaria y secundaria a esta población inmigrante, la abocará, en multitud de casos, a acudir a los servicios de urgencias en una fase posterior y más grave de enfermedad, generando un gasto mucho mayor en las intervenciones que, entonces sí, no podrán ser negadas. El Decreto es inhumano, pero además es inútil y estúpido.

Entendemos que el silencio de quienes somos DE AQUÍ, cuando convivimos con estas personas en nuestros barrios y en nuestro trabajo, sería complicidad, y un primer paso para abrir la puerta al racismo y a la xenofobia.
Afortunadamente, creemos que el personal sanitario en su inmensa mayoría, van a seguir cumpliendo con su compromiso ético, y el Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite el recursos interpuesto por la Junta de Andalucía y del Gobierno del Principado de Asturias, contra el decreto.

Nosotros tenemos la suerte de haber nacido aquí; ellos y ellas, no. Nuestro mérito es el azar.
Todas las personas somos iguales. Todos somos seres humanos.

Equipo Coordinador de ReGenera-Consciencia de Cambio

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